Análisis: Petro convierte su pelea con la justicia en argumento de continuidad electoral
El pedido de denunciar penalmente a un magistrado por frenar el traslado de 25 billones a Colpensiones muestra un salto político: el choque institucional ya no es solo un costo de Gobierno, sino parte del relato de campaña.
La nueva ofensiva de Gustavo Petro contra la justicia marca un cambio de escala en la política colombiana de fin de mandato. Ya no se trata solo de cuestionar fallos o denunciar bloqueos institucionales: el presidente dio un paso adicional al pedir una acción penal por prevaricato contra el magistrado que suspendio el traslado de 25 billones de pesos desde fondos privados a Colpensiones.
Ese movimiento encaja con una narrativa que el petrismo viene consolidando desde hace meses: si las reformas no avanzan, la responsabilidad recae en cortes, organismos de control o un establecimiento que se niega a dejar gobernar. La diferencia ahora es que el conflicto deja de ser una explicación defensiva y se convierte en combustible de continuidad electoral. El mensaje a sus bases es simple: la disputa no termina con la elección, apenas cambia de escenario.
La judicialización del pulso político tiene riesgos evidentes. Endurece la polarización, personaliza las instituciones y vuelve más dificil cualquier salida negociada. Pero también ofrece una ventaja para el oficialismo: le permite llegar a la campaña con un relato de confrontación que ordena a sus seguidores alrededor de una idea de resistencia. Más que un desahogo, el ataque a los jueces funciona hoy como pieza central del proyecto de supervivencia política del petrismo.